4.4 Modalidades de remuneración del equipo

Diversos factores deben ser considerados cuando se hace referencia a las modalidades de remuneración del equipo, desde la función de la persona en la spin-off hasta la relación o modalidad de contratación posible de la persona a integrar el equipo. En este contexto se destacan algunas modalidades a las cuales se les dedica esta sección:

  • Dividendos.
  • Participación de las utilidades.
  • Asignaciones o salarios.
  • Regalías.
4.4.1. Dividendos

Los dividendos se refieren a la parte del beneficio de una empresa que se reparte entre los accionistas de una sociedad. Generalmente constituye la principal vía de remuneración de los accionistas como propietarios de una sociedad. Por lo tanto, para los miembros del equipo que son socios de la spin-off el reparto de dividendos puede ser una de las modalidades de remuneración del equipo.

El criterio de reparto de dividendos debe observar las reglas establecidas en el contrato social de las empresas, así como en las normas colombianas aplicables.

En el caso de que la spin-off no esté conformada como una empresa, sino que sea una unidad autónoma de la institución preexistente, como por ejemplo una ies, esta opción de remuneración no se presenta como recomendable.

4.4.2. Participación de las utilidades

Esta participación se establece considerando que no siempre las personas que componen el equipo son socias de la empresa. En el caso de empleados —no socios— además del salario reciben la prima de servicios.[1]

Todas las empresas están obligadas a pagar a cada uno de sus trabajadores, como prestación especial, una prima de servicios.[2] La finalidad de la prima es que el trabajador participe en las utilidades de la empresa.

La prima legal se atribuye a todos aquellos vinculados a una empresa, excepto los trabajadores ocasionales o transitorios. Tampoco tienen derecho a la prima aquellos trabajadores con los que: se haya pactado salario integral, porque la prima se entiende incluida dentro de este; empleadas del servicio doméstico y choferes de familia, ya que el hogar no es una empresa y no genera utilidades.[3]

[1] La prima de servicios no es salario, por lo tanto, no se puede computar como factor del mismo en ningún caso, por esta razón no se debe practicar sobre la misma retención al momento de pagarla (artículo 307 del Código Sustantivo del Trabajo).

[2] Artículo 306.1 del Código Sustantivo del Trabajo.

[3] Actualmente se tramita en Colombia el proyecto de ley 03 de 2015, el cual pretende extender la prima a todos los trabajadores.

4.4.3. Asignaciones o salarios

El sistema salarial o prestacional a ser adoptado en el ámbito de la spin-off dependerá del régimen jurídico que se aplica a la empresa, si es de Derecho Público o de Derecho Privado, además del tipo de contratación.

El sistema salarial de los empleados públicos es establecido por la ley 4 de 1992.[1] Este se encuentra integrado por los siguientes elementos: la estructura de los empleos, de conformidad con las funciones que se deban desarrollar, y la escala y tipo de remuneración para cada cargo o categoría de cargos.[2]

Particularmente, en lo que se refiere a los servidores públicos docentes, esta ley consagra que los profesores de las universidades públicas nacionales tendrán igual tratamiento salarial y prestacional según la categoría académica exigida, dedicación y producción intelectual.[3]

Esta norma determina que “nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado”. Sin embargo, se exceptúan las siguientes asignaciones:

  • Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores de la Rama Legislativa.
  • Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de la fuerza pública.
  • Las percibidas por concepto de sustitución pensional.
  • Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra.
  • Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud.
  • Los honorarios percibidos por los miembros de las juntas directivas, en razón de su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas.
  • Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente ley beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados.

No obstante, los empleados públicos no podrán “recibir honorarios que sumados correspondan a más de ocho horas diarias de trabajo a varias entidades”.

Sobre los contratistas estatales, la ley 80 de 1993 establece las reglas de contratación, incluso las inhabilidades e incompatibilidades para contratar. En este aspecto, la norma estipula que son inhábiles para celebrar contratos con las entidades estatales servidores públicos, entre otras personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitución y las leyes.135 [6]

[1] El régimen salarial y prestacional de los profesores de las universidades estatales u oficiales también se rige por la ley 4 de 1992, los decretos reglamentarios y las demás normas que la adicionan y complementan (artículo 77 de la ley 30 de 1992).

[2] Artículo 3 de la ley 4 de 1992.

[3] Artículo 20 de la ley 4 de 1992.

[4] Artículo 19 de la ley 4 de 1992.

[5] Artículo 19 de la ley 4 de 1992.

[6] Artículo 8.1 de la ley 80 de 1993.

[7] Artículo 5.1 de la ley 80 de 1993.

4.4.4. Beneficios económicos referentes a los derechos de Propiedad Intelectual

Aunque la ley 4 de 1992 establezca barreras al servidor público para recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado,  eso no impide al servidor recibir los beneficios económicos (regalías) a que tenga derecho por la explotación de tecnologías que haya desarrollado, cuya Propiedad Intelectual sea de titularidad de una institución pública.

En lo que se refiere a los derechos de Propiedad Industrial sobre las patentes de invención, la decisión 486 de 2000, de la Comunidad Andina de Naciones,[1] estipula que “sin perjuicio de lo establecido en la legislación nacional de cada País Miembro, en las invenciones ocurridas bajo relación laboral, el empleador, cualquiera que sea su forma y naturaleza, podrá ceder parte de los beneficios económicos de las invenciones en beneficio de los empleados inventores, para estimular la actividad de investigación” (las cursivas no son del original).[2]

Esta misma normativa determina que “las entidades que reciban financiamiento estatal para sus investigaciones deberán reinvertir parte de las regalías que reciben por la comercialización de tales invenciones, con el propósito de generar fondos continuos de investigación y estimular a los investigadores, haciéndolos partícipes de los rendimientos de las innovaciones, de acuerdo con la legislación de cada País Miembro” (las cursivas no son del original).[3]

Las reglas de esta Decisión Andina también se extienden a las patentes de modelo de utilidad,[4] sin embargo, no alcanzan a los esquemas de trazados de circuitos integrados, tampoco a los diseños industriales.

En materia de variedades vegetales, la decisión 345 de 1993 de la Comunidad Andina de Naciones regula el tema de los beneficios económicos a los servidores públicos, estipulando que “el empleador estatal, cualquiera que sea su forma y naturaleza, podrá ceder parte de los beneficios económicos resultantes de la obtención de variedades vegetales a sus empleados obtentores, para estimular la actividad de investigación” (las cursivas no son del original).[5]

En cuanto a los Derechos de Autor no hay previsión expresa que autorice al empleador estatal a ceder parte de los beneficios económicos a sus empleados.[6]

De acuerdo a lo anterior, las spin-off, incluso aquellas de las cuales participen entidades públicas, tienen la potestad de regular el régimen de estímulos de sus empleados inventores, dentro de los límites legales, lo que implica que los mismos puedan recibir bonificaciones o retribuciones económicas respecto a algunos de los derechos de Propiedad Intelectual, en tanto no se constituyan en asignaciones del Tesoro Público en estricto sentido.

Por lo tanto, en las normativas institucionales de la spin-off y de las instituciones parientas que transfieran a la spin-off los derechos de Propiedad Intelectual importa regular el tema de forma a posibilitar que los inventores —vinculados o no a la spin-off— sean beneficiados económicamente frente a la explotación de tales derechos por la spin-off.

Hay que tener presente que en algunos casos la institución, incluso institución pública, puede transferir los derechos y lo hace de forma gratuita,[8] lo que no genera beneficios económicos a la institución que hace la transferencia, ni a los inventores. Situaciones como esta pueden desincentivar a los inventores. Para evitar eso se recomienda que, en el contrato, aunque la transferencia sea realizada de forma gratuita, se haga previsión de concesión de beneficios económicos a los inventores por parte de las spin-off que adquieran los derechos sobre la tecnología.

Los beneficios económicos pueden ser pagados mientras la tecnología esté protegida, mensualmente, anualmente, por ejemplo, con base en la cantidad producida o vendida del producto o servicio que utiliza la nueva tecnología o en cuota fija (un pago determinado).[9]

[1] La decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, regula el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

[2] Artículo 23 de la decisión 486 de 2000.

[3] Artículo 23 de la decisión 486 de 2000.

[4] Artículo 85 de la decisión 486 de 2000.

[5] Artículo 15 de la decisión 345 de 1993 de la Comunidad Andina de Naciones.

[6] Véase decisión 351 de 1993 de la Comunidad Andina de Naciones; ley 23 de 1982, con alteraciones de la ley 1450 de 2011.

[7] Véase artículo 19 de la ley 4 de 1992.

[8] Ejemplo de esto son las transferencias realizadas con base en el artículo 10 de la ley 1753 de 2015: “Artículo 10. derechos de Propiedad Intelectual de proyectos de investigación y desarrollo financiados con recursos públicos. En los casos de proyectos de investigación y desarrollo de ciencia, tecnología e innovación y de tecnologías de la información y las comunicaciones, adelantados con recursos públicos, el Estado podrá ceder a título gratuito, salvo por motivos de seguridad y defensa nacional, los derechos de Propiedad Intelectual que le correspondan, y autorizará su transferencia, comercialización y explotación a quien adelante y ejecute el proyecto, sin que ello constituya daño patrimonial al Estado. Las condiciones de esta cesión serán fijadas en el respectivo contrato y en todo caso el Estado se reserva el derecho de obtener una licencia no exclusiva y gratuita de estos derechos de Propiedad Intelectual por motivos de interés nacional”.

[9] Al respecto véase Macho-Stadler & Pérez-Castrillo (2010).