4.3 Contratos laborales

En el marco de la formación del equipo de la spin-off es importante que la vinculación de los diversos miembros sea formalizada por medio de un contrato laboral, de prestación de servicios u otro tipo de contracto. En la práctica, el régimen de contratación quedará vinculado al tipo de sociedad, sobre todo si es pública o privada.

En relación con los contratos de vinculación de personal es fundamental la previsión de algunas cláusulas que afectan directamente el desarrollo de los productos o servicios, así como las tecnologías utilizadas, como es el caso de las cláusulas de Propiedad Intelectual y de confidencialidad.

Las cláusulas de confidencialidad buscan asegurar el sigilo del negocio, de las tecnologías, de los productos, procesos y servicios de la spin-off, evitando que las informaciones sensibles sean divulgadas perjudicando el emprendimiento.

En materia de Propiedad Intelectual es importante considerar que, al tratarse de empresas de base tecnológica, la posibilidad de desarrollo de nuevas tecnologías es siempre eminente. Por tanto, las nuevas tecnologías pueden resultar en nuevos derechos de Propiedad Intelectual que surgen en beneficio de la empresa. Sin embargo, en sentido estricto, las tecnologías creadas por empleados, contratistas u otras personas vinculadas solo se transfieren a la empresa si hay previsión o cláusula contractual por escrito.

En cuanto a los derechos de Propiedad Industrial sobre las patentes de invención y de modelo de utilidad, así como sobre los diseños industriales y los esquemas de trazado de circuitos integrados, la legislación colombiana establece que: “Salvo pacto en contrario, los derechos de Propiedad Industrial  generados en virtud de un contrato de prestación de servicios o de trabajo se presumen transferidos a favor del contratante o del empleador respectivamente. Para que opere esta presunción se requiere que el contrato respectivo conste por escrito”.[1]

Referente a los esquemas de trazado de circuitos integrados, es importante tener en cuenta lo establecido por la Decisión Andina 486 de 2000, la cual estipula que cuando el esquema es “creado en cumplimiento de un contrato de obra o de servicio para ese fin, o en el marco de una relación laboral en la cual el diseñador tuviera esa función, el derecho a la protección corresponderá a la persona que contrató la obra o el servicio, o al empleador, salvo disposición contractual en contrario”.[2]

Con relación a los Derechos de Autor, que incluye la protección de los programas de computador, el marco normativo de la Comunidad Andina, decisión 351 de 1993, estipula que “las personas naturales o jurídicas ejercen la titularidad originaria o derivada, de conformidad con la legislación nacional, de los derechos patrimoniales de las obras creadas por su encargo o bajo relación laboral, salvo prueba en contrario”.[3]

La legislación colombiana determina que:

En las obras creadas para una persona natural o jurídica en cumplimiento de un contrato de prestación de servicios o de un contrato de trabajo, el autor es el titular originario de los derechos patrimoniales y morales, pero se presume, salvo pacto en contrario, que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido transferidos al encargante o al empleador, según sea el caso, en la medida necesaria para el ejercicio de sus actividades habituales en la época de creación de la obra. Para que opere esta presunción se requiere que el contrato conste por escrito.[4]

Respecto a los derechos de los obtentores de variedades vegetales, la decisión 345 de 1993, de la Comunidad Andina, prevé que: “Los titulares de los certificados de obtentor podrán ser personas naturales o jurídicas. El certificado pertenece al obtentor de la variedad o a quien se la haya transferido lícitamente”. Por lo tanto, la trasferencia de los derechos al empleador solo ocurre por medio de disposición contractual expresa.

[1] Véase artículos 22, 85, 88 y 114 de la decisión 486 de 2000.

[2] Artículo 88 de la decisión 486 de 2000.

[3] Artículo 10 de la decisión 351 de 1993.

[4] Artículo 20 de la ley 23 de 1982, alterado por el artículo 28 de la ley 1450 de 2011.

[5] Artículo 14 de la decisión 345 de 1993.